En el Perú, la prevención del lavado de activos se encuentra en pleno proceso de afianzamiento y consolidación. Se tiene un cuerpo normativo anti lavado suficiente aunque perfectible que comprende fundamentalmente tres contextos claramente definidos: el social, el privado y el institucional; sobre los cuales debe ponerse énfasis en elevar su nivel de comprensión y necesidad de aplicación a fin de integrarlas comprometidamente en los esfuerzos por combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La interacción de los contextos social, privado e institucional permitiría articular el cumplimiento de la norma hacia la obtención de información relevante para la eficacia de la lucha anti lavado a nivel jurisdiccional.
La sociedad en su conjunto (contexto social), conociendo cuando menos el objeto de la norma, debe colaborar con los negocios y empresas obligadas en el suministro de la información y en el llenado de los formularios que se les soliciten.
Los negocios y empresas obligadas (contexto privado), deben cumplir cada una de las obligaciones que establece la normativa anti lavado enfocadas siempre en la detección y control de las operaciones inusuales y en el reporte oportuno de las operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Unidad de Inteligencia Financiera debe contar con el personal y la infraestructura necesaria para cumplir adecuadamente las funciones de su competencia, sobre todo la de prevención y supervisión del cumplimiento de la ley.
Asimismo, consideramos que es importante que se establezca un plan de formación de operadores de cumplimiento a nivel de las universidades llamados a desempañar funciones de prevención del lavado de activos, lo que permitirá elevar el nivel de calidad de los acciones de prevención que se adopten al interior de los negocios y empresas obligadas, haciendo una labor más técnica, reportes mejor fundamentados y un mayor y mejor cumplimiento de los textos legales.
